El exalcalde de Serranillos del Valle reclama 7.600€

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Antonio Sánchez exalcalde de Serranillos del Valle imputado en el caso Púnica reclama 7.600€ por salarios atrasados

Antonio Sánchez, exalcalde de Serranillos del Valle, exige en un juzgado el salario de octubre de 2014, mes en el que fue detenido, y tres días de noviembre

Antonio Sánchez Fernández, exalcalde de Serranillos del Valle, imputado en el caso Púnica, reclama al actual equipo municipal 7.634,34 euros por salarios no percibidos y parte del finiquito que le corresponde. La demanda se dirime en el juzgado de lo social número 37 de Madrid, que ha citado a las partes para un acto de conciliación el 14 de noviembre de 2016. Sánchez dimitió el 3 de noviembre de 2014 después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le detuviera en la primera fase de la operación, a finales de octubre de 2014. Precisamente el exalcalde reclama 2.857,14 euros por el salario del mes de octubre, 285,71 euros por los tres días del mes de noviembre, 2.368,89 euros por la parte proporcional de las pagas extra de verano y Navidad y 1.428,57 euros por 15 días de vacaciones no disfrutadas. En total, 6.940 euros, a los que habría que sumar 694 euros por intereses de demora.

Antonio Sánchez, que llegó a la Alcaldía en junio de 2011 como candidato de un partido independiente, Unión Democrática Madrileña, fue detenido por primera vez el 27 de octubre. Pero fue puesto en libertad a las pocas horas tras declarar en las dependencias de la Guardia Civil y poder demostrar que acaba de sufrir una intervención quirúrgica. El juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación, Eloy Velasco, decretó entonces que quedara libre para citarle más adelante como imputado cuando se hubiese recuperado. Sin embargo, una semana después, el 3 de noviembre, era sorprendido por agentes de la UCO sacando documentación de la sede municipal. Ese mismo día, ya por la tarde, presentaba su dimisión en el registro del Ayuntamiento. Dos días después, el 5 de noviembre, el juez Velasco la mandaba a prisión, eludible bajo fianza de 60.000 euros, acusado de los delitos de prevaricación, fraude, cohecho y malversación.

“Estuvo cerca de dos meses en la cárcel, hasta que consiguió reunir la fianza. Creemos en su inocencia y que todo se aclarará”, señala su abogado, que explica que la demanda que ha puesto al Ayuntamiento nada tiene que ver con el caso Púnica. “Es un tema laboral, por salarios no cobrados y parte del finiquito. Entendemos que tiene derecho a ello porque le corresponde por un trabajo realizado”. Por su parte, el actual equipo municipal, compuesto por una coalición de independientes (Transparencia y Democracia) y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos, cree todo lo contrario. “No queremos hacer declaraciones sobre este tema. Lo decidirá un juez”, afirma un portavoz.

Antonio Sánchez empezó a reclamar en febrero de 2015

En su demanda, el exregidor asegura que prestó servicios en el Ayuntamiento entre el 11 de junio de 2011 hasta el 3 de noviembre de 2014, ambos inclusives, como personal laboral “con la categoría profesional de alcalde-presidente y percibiendo un salario bruto anual de 39.999,96 euros”. Con esas condiciones, cree que el Ayuntamiento le adeuda 7.634,34 euros por varios conceptos. Su primera reclamación fue en febrero de 2015. Al ver que el Ayuntamiento no le pagaba, presentó una demanda en abril. El juez fijó en mayo el acto de conciliación, requisito previo a la demanda, que se celebrará en noviembre de 2016.

El exalcalde de Serranillos (a la derecha) con dos de los imputados: David Marjaliza y Pedro García

Según los investigadores, la trama amañó el contrato de eficiencia energética que se llevó Cofely: 4,7 millones con un periodo de duración de 15 años. “El alcalde Antonio Sánchez abusó arbitrariamente de sus funciones en beneficio de los intereses económicos de Cofely, viciando el procedimiento y vulnerando los principios de la contratación pública”, reza el sumario. En el amaño del contrato jugó un papel destacado el empresario David Marjaliza, que cobró comisiones de Cofely y pagó un soborno de 25.000 euros al exalcalde para que este se comprara un coche, destaca la UCO. El abogado de Sánchez recalca su inocencia y asegura que no hay pruebas.

El Ayuntamiento ha tenido que despedir hace unos días a nueve trabajadores, un 15% de la plantilla municipal, debido a la precaria y delicada situación por la que atraviesan las arcas municipales. La deuda de la ciudad es de 18 millones de euros (4.500 euros por vecino), una dura losa que el Consistorio arrastra por la gestión de anteriores Gobiernos municipales. De los 18 millones, diez se adeudan a Hacienda, Seguridad Social, bancos y proveedores; seis millones en expropiaciones, rehabilitaciones y permutas urbanísticas; y dos millones que el Ayuntamiento debe pagar en sentencias judiciales y costas.