Polémica sobre los contratos de renta antigua

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Nada mas empezar el año lo hacemos con una nueva polémica: la extinción de los contratos de renta antigua, lo que en un principio allá por el año 1964 se creó para favorecer al escaso poder adquisitivo de la sociedad Española se convirtió con el paso de los años una pesadilla para los propietarios, pero para ir entrando en materia comienzo con una breve explicación de este tipo de contratos:

 Se denomina arrendamiento de renta antigua al contrato de arrendamiento celebrado bajo vigencia de la ley de arrendamientos urbanos de 1964, a cuyo tenor quedan afectados los contratos a una prórroga indefinida  en el tiempo, y a un específico derecho de subrogación que abarcaba varias generaciones. La promulgación de la ley citada, respondía a un momento histórico en el que la necesidad de vivienda, y el escaso poder adquisitivo de la sociedad, obligaba a tomar medidas drásticas.

Los efectos de esta legislación provocan, en los últimos años, graves conflictos jurídicos entre propietarios y arrendatarios, los primeros por que se ven atados a una propiedad por la cual perciben rentas muy bajas, apenas incrementadas por el IPC anual. Por otro lado los inquilinos, en su mayoría personas de muy avanzada edad, se encuentran con problemas estructurales en la vivienda, a los que los propietarios se niegan a hacer frente, y a un acoso de los mismos para el desalojo de la vivienda, tratando de deshacerse de una situación patrimonial estática, llegando a producirse casos de acoso grave, el denominado “mobbing inmobiliario”.

En 1985 se aprueba una nueva ley, conocida como “Decreto Boyer”, por la cual se regulan los contratos de arrendamiento en general, y se introducen limites a la prórroga indefinida de la anterior ley, consolidándose en el texto de 1994, limitando las posibles subrogaciones al cónyuge viudo de forma vitalicia, y a hijos por el plazo de 2 años o hasta cumplidos los 25, salvo que padezcan minusvalías reconocidas, superiores al 65% en cuyo caso podrá establecerse la prórroga indefinida pero limitada a esta subrogación.

Pero como siempre en este País matamos moscas a cañonazos, lo que no puede ser es que un propietario pague más impuestos que la remuneración percibida por el alquiler, esto implica empobrecimiento de los propietarios y para algunos inquilinos el chollo del siglo, pues algunos han aprovechado para comprar propiedades y alquilarlas sin declarar impuestos, ilegalmente claro está,  a extranjeros donde podían pagar hasta 1.500,00 € y vivir hacinados en no mas de 70 m2, pues para abonar esas cifras lo tenían que hacer entre varias familias.

Aunque como en este País abundan ” los listos ” también se han aprovechado de las viviendas de protección oficial, algunos pasados los años correspondientes las han vendido aprovechando la burbuja inmobiliaria a precios que ni me atrevo a decir, pero también otros que tienen algún familiar o amiguete político las consiguen hoy a precio de risa, el caso es que siempre hay alguien desfavorecido.

Muchos comercios que se han hecho millonarios gracias a un local estratégicamente ubicado en la mejor ona y que a partir de este 1 de Enero de 2015 ven que se les acaba el chollo, ponen el grito en el cielo cuando ven que su contrato se incrementa gracias a la nueva ley, de acuerdo que la crisis ha afectado a todos los negocios, pero y aquellos tiempos de bonanza donde se ganaba mucho dinero?

El caso es que ni tanto ni tan calvo como dice el antiguo dicho, está claro que hay zonas prohibitivas, pues entre sueldos, impuestos y alquiler, quien se atreve a abrir un local de negocio por ejemplo en ” la milla de oro “

La polémica está servida queridos lectores, según el sector del comercio minorista, la finalización de la renta antigua afecta a más de 19.000 comerciantes y pone en peligro 519.000 puestos de trabajo en toda España.

Por su parte, la asociación de autónomos UPTA ha calculado que finalizarán entre 60.000 y 75.000 contratos de alquiler de renta antigua.

Según esa Ley de Arrendamientos Urbanos, todos los negocios con contrato de renta antigua anterior a mayo de 1985 tendrá que haber actualizado y renegociado sus alquileres antes del 31 de diciembre.

La desaparición de esos contratos, caracterizados por tener rentas bajas y períodos de duración muy largos, no afectará a las personas físicas, solo a las jurídicas.

Petición de una prórroga de cinco años

Ante el fin de la moratoria, organizaciones empresariales, de consumidores, sindicatos, partidos políticos y los propios comerciantes han pedido al Gobierno que prorrogase otros cinco años los alquileres de renta antigua y así evitar centenares de cierres de comercios que no podrán hacer frente al alza de los alquileres.

Ante esa petición, el ministro de Economía, Luis de Guindos, eludió el pasado 7 de diciembre responder al respecto en el Congreso. En su intervención, el ministro destacó que la Ley de Arrendamientos Urbanos fue aprobada hace 20 años por un gobierno socialista y que introdujo medidas para conciliar los intereses en conflicto y suavizar el tránsito al nuevo marco jurídico, minimizando el impacto de norma.

Entre esos mecanismos, De Guindos citó el derecho de retracto, en caso de nuevo contrato con distinto arrendatario, y el derecho a una indemnización en caso de inicio de actividad afín.

Después, el ministro recalcó que “la mejor manera de apoyar al comercio es la recuperación económica que está teniendo lugar”.

En fin, que cada uno juzgue como crea oportuno.

Rafael Martínez